¿Cómo deben controlarse las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de España?

Valentín Pich (CGE): “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”


El control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país es un tema que vuelve a estar sobre la mesa, sobre todo, tras la compra del 4,9% del capital de Telefónica por parte del grupo saudí STC (y la posibilidad de adquirir el 5% adicional). Todo ello, enmarcado en un contexto de “ruptura” de cadenas de suministros provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania, que ha provocado en todos los países una relectura sobre las capacidades de producción propia de bienes esenciales y su debida protección.

Por ello, el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha celebrado un coloquio sobre esta cuestión, en el que han participado Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, y Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, así como con el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich y Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España.

El caso Telefónica 

Desde el CGE, su presidente ha explicado el estado de la cuestión de la compra por parte de Saudí Telecom Company (STC) de un 4,9% de las acciones de Telefónica y la posibilidad de adquirir un 5% adicional mediante instrumentos financieros. En concreto, al no legar STC a la propiedad del 10% del capital social, no se puede considerar una inversión extranjera directa, por lo que, en principio, no necesitaría la autorización previa, salvo que el Gobierno en funciones entienda que la inversión afecte a actividades relacionadas con el ejercicio de poder público, con la defensa nacional, o actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad o salud públicas.

En este caso, el Gobierno podría suspender la operación y sería algo que no se ha hecho hasta el momento, por lo que deberían justificarse con precisión los motivos para aplicarla, porque los tribunales no permitirán un uso indiscriminado de dicho precepto legal. 

Según Pich, “la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligada la Administración Central a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras. Sería recomendable, por tanto, una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales”.

¿Y qué pasa entonces con el plan del Gobierno de adentrarse en el Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5% de sus acciones? Sobre esto, el presidente de los economistas ha manifestado que “no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil millones de euros”. Según Valentín Pich, la SEPI, aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, “empeorando aún más las cuentas públicas”.

Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía, “lo cual parece algo complicado”. Dicho esto, el presidente del Consejo General de Economistas ha recordado que Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y que la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas. “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”, ha dicho Pich.

¿Habría que endurecer los límites a las inversiones extranjeras en empresas estratégicas?

En palabras del vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, Jordi Alberich, estamos hablando de una nueva política industrial activa en un entorno abierto y globalizado que, lejos de viejas medidas proteccionistas, favorezca el desarrollo de la industria nacional en general y que, en concreto, garantice el suministro de bienes esenciales y el control de determinados sectores estratégicos. 

En este contexto, “la legislación es un elemento clave, pero no el único instrumento al servicio del fin antes señalado, como bien se deduce del caso Celsa. El previsible endurecimiento responde a dinámicas globales a favor de un mayor proteccionismo y debe resultar coherente con las posibles nuevas iniciativas que puede emprender la Comisión Europea en los meses inmediatos.”

Por su parte, Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, ha añadido que la principal crítica a estas normas es que “nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico, que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas estratégicas”.

Así, ha añadido que las circunstancias que nos encontramos como consecuencia de las estrategias industriales y comerciales de China y de Estados Unidos, así como de la ruptura de las cadenas de suministro causadas por la pandemia del Covid-19 y por la invasión de Ucrania nos presentan un nuevo escenario completamente distinto tanto para la industria europea como nacional. 

“El desarrollo de los tejidos industriales es esencial para que Europa mantenga la solidez de dos de sus pilares esenciales: la competitividad económica y la cohesión social. No podemos limitarnos a defender nuestras industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras capacidades industriales para poder producir los bienes y servicios esenciales en el marco de una autonomía estratégica abierta. Y, para saber qué es estratégico necesitamos una visión global, fundada en un nuevo modelo de regulación plasmado en una nueva Ley de Industria, que sustituya de una vez a la de 1992”, sostiene.

Nuestra regulación en comparación con el resto de los países de la UE

¿Es homologable nuestra regulación con la del resto de países de la Unión Europea? ¿Y con la de los países extracomunitarios? Para Jordi Alberich, si en las últimas décadas la globalización se ha sustentado en el criterio de eficiencia, entendida como el suministro de bienes y servicios al menor precio posible, desde la pandemia se ha incorporado el criterio de seguridad, tanto en el suministro de productos esenciales como en la protección de sectores considerados estratégicos. 

“Pese a las diferencias, las regulaciones en el seno de la Unión Europea son similares y tenderán a converger aún más, acorde con la propia legislación comunitaria. Las diferencias con países extracomunitarios son mayores, si bien, asimismo, tenderán a asimilarse, en la medida en que las diferencias entre los, en su momento, denominados países desarrollados y en vías de desarrollo van disminuyendo, a la vez que se refuerza la tendencia a un mayor proteccionismo global”, apunta.

Por otro lado, Juan de la Cruz considera que frente a las mejores prácticas de regulación de otros países, que tienen claro cuáles son sus industrias estratégicas y cómo protegerlas mediante regulaciones nacionales, europeas e internacionales, “nos hace falta una visión estratégica que aporte coherencia y visión de conjunto: nos hace falta definir en qué industrias tenemos ventajas comparativas claras, una definición de las fortalezas y de las oportunidades, e identificar con precisión las amenazas y debilidades para poder diseñar mecanismos de gestión de riesgos”. 

Según De la Cruz, no hace falta buscar muy lejos un claro ejemplo de política industrial estratégica, de elaboración de una regulación coherente y de defensa en las instituciones europeas: la industria nuclear francesa. Cuando en los años 70 se desencadenó la crisis del petróleo, todas las fuerzas políticas forjaron un consenso claro que se ha mantenido hasta hoy: no tenemos petróleo, no tenemos carbón, ni tenemos gas, “pero tenemos ideas”. 

“Este es el origen de una industria que permite disponer de uno de los suministros de electricidad más baratos de Europa, sin depender de energías primarias extranjeras y con cero emisiones a la atmósfera, por lo que una vez más, hace pocos días acaba de incluirse entre las energías admisibles para la transición renovable”, concluye.



FUENTE: Capital

 

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