Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, en el marco de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, y que responde a un mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mediante un despliegue de seis líneas de acción, el plan concreta medidas eficaces para dar respuesta los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

  • Prevención y apoyo al desarrollo infantil en entornos familiares y comunitarios saludables. Para lograr este objetivo se destacan acciones como reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo, la constitución de un Sistema Estatal de Atención Temprana, o la puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias.
  • Igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y participación en el acceso a los servicios y programas de salud y sociales, con especial consideración a las mujeres y niñas con discapacidad. Para lograrlo se deberán incorporar medidas de accesibilidad y de apoyo en las normativas y planes estatales para que las personas con discapacidad decidan en cuestiones de su salud, sobre la base del consentimiento informado, poniendo especial atención a la salud ginecológica y obstétrica de las mujeres. Será necesario también promover el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, aprobar salvaguardas legales para que los mismos queden garantizados, declarar las esterilizaciones y los abortos coercitivos como violencias contra las mujeres, así como incorporar cambios normativos para que la teleasistencia sea universalmente accesible.
  • Promoción de la salud y prevención de enfermedades y otros factores causantes de discapacidad. Aquí se detallan acciones como la ya aprobada modificación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. También, se contribuye a que se despliegue la Estrategia Nacional de Salud Mental y el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, así como la puesta en marcha de un teléfono público de prevención del suicidio universalmente accesible o el etiquetado accesible para todas las personas en los productos alimentarios.
  • Promoción del envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida. Se deberá incluir la situación de la discapacidad en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Soledad no Deseada y se trabajará para aprobar criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia centrados en la persona. Se investigarán y adoptarán también medidas para prevenir y erradicar las violencias en cualquiera de sus formas contra las personas mayores con deficiencias adquiridas asociadas a la edad y, en especial, contra las mujeres mayores.
  • Prevención de la intensificación de discapacidades en concordancia con los principios y derechos reconocidos por la Convención. Las medidas van orientadas a desarrollar una estrategia estatal de desinstitucionalización y apoyo a la vida independiente y ofrecer modelos de viviendas accesibles y comunitarios. También se trabajará en el desarrollo de la prestación de asistencia personal aprobando una regulación estatal con criterios unificados, desde la personalización y flexibilización para facilitar la vida independiente en la comunidad y se pondrán en marcha actuaciones en materia de cuidados de larga duración para personas con grandes necesidades de apoyo, con especial atención a las enfermedades degenerativas.
  • Investigación, formación y toma de conciencia. Para lograr este objetivo se promoverá una línea de investigación e innovación sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas en productos y tecnologías de apoyo en el ámbito de la salud, con especial foco en la dimensión digital y que se aplicará a través del Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y del Instituto de Salud Carlos III. Del mismo modo, se impulsará una investigación sobre la situación de las personas con discapacidades orgánicas y psicosociales que permitan visibilizarlas; se promoverán estudios acerca de la sobremedicación y tratamientos involuntarios en personas con discapacidad; y formará a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, del poder judicial, y de los servicios de atención sanitaria y servicios sociales, sobre prevención y detección de violencias hacia las personas con discapacidad, en especial hacia las niñas y las mujeres.



FUENTE: EL DERECHO

 

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