Los bufetes refuerzan el asesoramiento a las empresas en su transformación sostenible

Los criterios de sostenibilidad ESG (environmental, social and governance, según las siglas inglesas) están impactando cada vez más en potenciar el asesoramiento jurídico que prestan los bufetes de abogados tanto a empresas públicas como privadas.


Aunque 2022 fue un año de paralización en las prácticas de sostenibilidad por la guerra de Ucrania y los efectos económicos del Covid, en el presente año se ha potenciado la aplicación de estos criterios en la dirección y gestión de las grandes compañías. Sin embargo, tal y como aseguró la letrada del Tribunal Constitucional y exdirectora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza durante la Jornada celebrada en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense sobre ‘Sostenibilidad y criterios ESG en la práctica jurídica”, “justo a mitad del camino de la Agenda 2030 estamos muy lejos de alcanzar los criterios de sostenibilidad marcados por la ONU”. Para la experta, las empresas se encuentran con una “jungla normativa” ante el reto de la sostenibilidad.

Las compañías deben conciliar sus fines económicos con los compromisos de sostenibilidad, pero se encuentran con la publicación de todo tipo de normas y principios que se suceden a una velocidad de vértigo tanto en la legislación internacional como por parte de la UE –además de una intrincada normativa nacional–, que intentan abordar las crisis globales sobre medio ambiente.

Las empresas y los bufetes de abogados deben tener en cuenta la información no financiera a la hora de tomar decisiones para conseguir un crecimiento económico sostenible. Esto ha motivado que el 50% de los bufetes de Europa y EE UU reconozca haber creado un área de prácticas de ESG en los últimos tres años, según el estudio El abogado del futuro 2022 de La Ley.

Mientras que los criterios sociales y de gobernanza tienen una larga trayectoria legislativa, “el tema medioambiental ha sido mucho más reciente y su desarrollo normativo está siendo exponencial”, reconoce Pilar Cuesta Loño, letrada del Consejo de Estado. La principal dificultad a la que se enfrentan las compañías al aplicar el derecho ambiental es, por tanto, su complejidad normativa, pero no es la única. Cuesta admite que este problema “se complementa con una confusión conceptual y técnica porque las normas medioambientales son complicadas de cumplir sin detectarse el error hasta que se ha cometido”, lo que finalmente implica sanciones.

Por su parte, en cuanto a la normativa laboral vinculada al cumplimiento de los criterios ESG, la situación aún es más complicada que en la legislación medioambiental. Paz de la Iglesia, socia responsable de laboral y corresponsable de ESG en DLA Piper España, afirma que “estamos abrumados con tanta normativa laboral, abundantísima desde 2019, sobre todo en lo que afecta a empresas de más de 50 trabajadores”. Esta situación se debe a que muchas disposiciones que se aplican a la regulación de derechos sociales tienen una trascendencia en lo laboral, como las que protegen a los colectivos LGTBI, las que regulan la paridad o la conciliación por maternidad.

Otro problema es la inseguridad jurídica por la constante modificación normativa y los continuos cambios. Este inconveniente se acentúa en España, donde a la complejidad legislativa se añaden las competencias sobre urbanismo y medio ambiente asignadas a las comunidades autónomas.

La nueva directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa obliga a las empresas, tanto grandes como pequeñas, a informar sobre sus actividades de impacto ambiental y social. Ante la intención de Bruselas de cambiar el modelo de gobernabilidad de las empresas, se destaca el valor que en un futuro tendrá el informe de sostenibilidad, que formará parte de las cuentas anuales.

Así, en 2025 deberán reportar en España mediante este informe las compañías cotizadas, las del mercado financiero y las grandes empresas. Posteriormente, en 2026, las firmas de más de 250 trabajadores aportarán esta información reportando sobre 12 estándares y unos criterios de gobernanza y medioambientales.



FUENTE: Cinco Días

 

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