Como consecuencia de la interrupción generalizada del suministro eléctrico ocurrida el 28 de abril de 2025 en gran parte del territorio peninsular, numerosos sistemas telemáticos y servicios electrónicos de la Administración Pública se vieron gravemente afectados. Esta situación ha impactado directamente en el desarrollo de procedimientos administrativos y en el cumplimiento de plazos por parte de ciudadanos y empresas.
Ante este escenario, el Consejo de Ministros aprobó la Orden PJC/414/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de mayo de 2025 mediante la cual se adoptan medidas extraordinarias para garantizar la protección jurídica y la igualdad de condiciones en los procedimientos administrativos.
La disposición más relevante es la ampliación automática de los plazos y términos administrativos hasta las 00:00 horas del 6 de mayo de 2025, siempre que estos se hayan visto afectados por el apagón eléctrico. Esta ampliación aplica a todos los órganos de la Administración General del Estado y al conjunto del sector público regulado por la Ley 39/2015.
Entre los plazos prorrogados se incluyen:
La extensión de plazos está dirigida a ciudadanos, empresas, profesionales y gestores públicos que no pudieron completar trámites en tiempo debido a la caída del sistema. Su aplicación es uniforme en todo el territorio afectado, garantizando así el principio de equidad.
De forma adicional, mediante el Acuerdo nº 8709/2025, el Pleno del Tribunal Constitucional ha determinado que los días 28 y 29 de abril de 2025 no computarán a efectos de plazos procesales ni administrativos en el ámbito de este órgano judicial. Esta decisión responde a la necesidad de preservar el derecho a la defensa y asegurar la correcta tramitación de los procedimientos ante el tribunal.
Ante esta situación excepcional, se recomienda a los profesionales del asesoramiento:
La Orden PJC/414/2025 y el Acuerdo del Tribunal Constitucional constituyen una respuesta jurídica inmediata ante un evento de fuerza mayor, permitiendo salvaguardar derechos y asegurar el funcionamiento ordenado de la administración pública. Se insta a todos los profesionales a actuar con diligencia y comunicar esta información con claridad a los afectados, evitando así consecuencias derivadas del incumplimiento involuntario de plazos administrativos o judiciales.
ADADE Central