Las pymes son las más damnificadas por el control de las horas extra

Este mes de diciembre se cumple un año de la sentencia de la Audiencia Nacional que imponía a las empresas establecer un sistema de registro de la jornada laboral para asegurar el control de las horas extraordinarias, con independencia de que se realizasen, o no, en la compañía.

Bajo este contexto, durante 2016 la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social incrementó y endureció el número de controles y multas con el fin de comprobar si las compañías estaban llevando a cabo un seguimiento diario de la jornada laboral de sus empleados. De este modo, las entidades deben tener un informe mensual donde se registren las horas de inicio y fin de la jornada, las horas ordinarias de actividad real y las extras. Todo ello debe entregarse a final de mes a los empleados para que lo firmen. Finalmente, el empresario deberá conservar ese documento cuatro años.

La pequeña entidad, a examen

Con estos requisitos, las inspecciones de trabajo pusieron el foco especialmente en las compañías de menos de 50 trabajadores, por conformar la mayoría del tejido productivo empresarial del país. De esta forma, se prevé que antes de que acabe el año se habrán llevado a cabo 5.598 inspecciones, siendo Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana las que presentan un mayor número de investigaciones. Sobre los sectores, los exámenes se centran en el comercio, la reparación de vehículos de motor y motocicletas; las actividades financieras y de seguros; las relacionadas con los servicios sociales y la sanidad; y la industria manufacturera.

Sin embargo, en este escenario quedan todavía importantes cabos sueltos por resolver. De hecho, la circular emitida por el Ministerio de Empleo no explica cómo deberán las empresas cuantificar estas horas, tal y como asegura la directora nacional del área laboral de BDO, Montse Rodríguez, quien afirma que "no hay un criterio claro de inspección". Una idea con la que coinciden desde la compañía de tecnología WorkMeter. Así, su consejero delegado, Joan Pons, explica que "existe un cierto vacío en la normativa acerca de la recogida de datos y de los formatos de los resúmenes mensuales".

Esto está llevando a que muchas compañías no estén registrando diariamente la jornada laboral de sus empleados, una cifra que según la startup de gestión online de vacaciones y ausencias Woffu alcanza el 90%. En este sentido, su responsable de producto, Antonio Herrero, asegura que esta situación se debe a factores como "la falta de conocimiento y el tiempo y consumo de recursos que supone, no solo registrar las horas trabajadas, sino también tenerlas firmadas por cada empleado".

Inversión obligatoria

Entre estos inconvenientes, las compañías más perjudicadas son las pequeñas, especialmente por el coste: "Los sistemas de fichajes tradicionales son costosos y obligan a las empresas a realizar una inversión en infraestructura. Además, estas herramientas miden presencia y no actividad real", afirma Pons. Asimismo, "la sanción no está ponderada según el número de trabajadores", tal y como cuenta Rodríguez, un hecho que perjudica especialmente a las más pequeñas.

Por su parte, Herrero añade que "es precisamente en este tipo de empresas donde existe mayor flexibilidad horaria y donde la remuneración de horas extra o complementarias es casi inexistente. Las pymes piensan que no sufrirán las inspecciones laborales, pero se equivocan".

Otra de las críticas se centra en la incongruencia entre esta obligatoriedad y los modelos de trabajo más flexibles. "En un momento en el que parece primar la flexibilidad y el trabajo por objetivos, no se entiende esta decisión. Además, muchas empresas tienen empleados en entornos de movilidad -teletrabajo- o cuentan con varias delegaciones", explica Rodríguez, lo que dificulta más el registro, que se deberá realizar tanto para trabajadores a tiempo parcial como completo. En este sentido, Herrero añade que "controlar las horas trabajadas de cada empleado y obtener su ratificación no es la tendencia europea y va en contra de las nuevas corrientes de flexibilidad horario", además de no guardar relación con los nuevos modelos de empresas que irrumpen en el día de hoy.

Cambio en las inspecciones

Frente al anterior desconocimiento, lo que sí explica la circular es la forma en la que se realizarán las inspecciones. Se llevarán a cabo a través de entrevistas dirigidas a los propios trabajadores de la entidad, las cuales se realizarán sin la presencia de representantes de la empresa, poniéndose especial atención en las respuestas espontáneas de los empleados.

Además, aquellas compañías que ya hayan sido inspeccionadas y en las que se haya detectado incumplimientos podrán volver a ser revisadas. Asimismo, los inspectores pedirán documentación sobre el listado de trabajadores, los puestos de trabajo y horario o turnos realizados por cada uno de ellos, los contratos de trabajo y sus anexos y renovaciones, los acuerdos de distribución irregular de la jornada y el preaviso de su realización, los registros de jornada de los trabajadores correspondientes al periodo que se considere, el resumen de la jornada y de las horas extraordinarias realizadas desglosadas por trabajador, así como los recibos de salarios y el justificante de pago.

En cuanto a las sanciones, estas se van imponiendo en función de las infracciones cometidas. Por tanto, se puede dar un acta de infracción de hasta 3.000 euros por superar el límite máximo de horas extra -que son 80 al año-, otra de hasta la misma cantidad por no hacer el registro, otra igual por no declarar esas horas extraordinarias, otra por pagarlas bajo otros conceptos y otra por no comunicar el listado de horas a los representantes de los trabajadores. De este modo, las empresas se enfrentan a una sanción de hasta 15.000 euros.

Cotización de las horas extra

Dentro de esta problemática, y en el caso particular de no cotizar las horas extra, las arcas públicas son otras de las damnificadas. Según Herrero, "son aproximadamente seis millones de horas extra las que no cotizan a la semana. Por tanto, con un salario medio estimado en 10 euros la hora, estaríamos hablando de 60 millones de euros brutos a la semana que se quedan en nada. El 28% de ese importe le correspondería a la Seguridad Social, lo que rondaría los 17 millones de euros a la semana, que extrapolado al año serían 875 millones que se dejan de ingresar".

En este sentido, de lo que no cabe duda es de la buena intención de la medida del control horario para garantizar los derechos laborales. Así, desde el segundo trimestre de 2016 al tercero se ha observado una disminución del 22% en las horas extra no pagadas, según el INE. Cifras que demuestran la necesidad de una regulación que debería ser acorde al mercado.


FUENTE: EL ECONOMISTA


 

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